Por Toño Sánchez Jr.
Me había propuesto no escribir sobre temas de violencia ni de crímenes que tuvieran que ver con bandas emergentes, guerrillas, crimen organizado o nueva generación de paracos, pero el vil asesinato del odontólogo Juan Carlos Pérez Barona me obliga a retomar el tema.
Dos cosas debo decir antes de continuar. La primera, con el asesinato de esta persona no se cumple ese perverso dicho que echan a correr maquiavélicas personas apenas matan a alguien sin motivo alguno: “quién sabe en qué andaba enredada o qué hizo”. Tampoco pueden encasillar este crimen en el otro, no menos maligno, decir popular: “no hay muerto malo”. Estos son los lugares comunes en que algunas sociedades, como la nuestra, se amparan para justificar los asesinatos que les parecen inadmisibles. Lo segundo, todos somos responsables por lo que está pasando en Córdoba. La pasividad y el silencio, que más parece complicidad, nos compromete por completo. Claro está, que hay responsables de primera línea y ya ustedes lo conocen muy bien, porque en un cercano pasado hizo lo mismo que ahora, abandonarlos: El Estado colombiano y todas sus Instituciones legalmente constituidas.
Hace unos meses asesinaron a Luis Jerónimo Berrocal Fernández en esas misma zona, y a las pocas horas un Alto Oficial salió a decir, más bien debería escribir justificar, que lo habían matado porque había tenido una condena. ¡Qué horror! Hasta ese día supe que en Colombia hay penas irredimibles y que la pena de muerte es permitida de manera soterrada.
No sé qué van a salir a decir las autoridades con respecto a Juan Carlos Pérez, quien era un excelente profesional, abnegado padre y esposo y honesto ganadero. Esa finca en donde lo asesinaron la había adquirido con su trabajo, hace como tres o cuatro años, no pasaban de 60 hectáreas, sólo hasta hace poco pudo construir la casa principal en la cima de un cerro a donde iba con regularidad a pasear con su familia y amigos.
Así a muchos protervos cordobeses le cueste aceptarlo, en nuestras tierras están asentadas más personas buenas y honestas que malas. Y existen ciudadanos y ciudadanas dignas de ejemplo.
Con este crimen, que deja una viuda y tres niñas sin padre, se envía un mensaje bien claro: la propiedad privada está en manos del que tenga el fusil… en el argot del hampa: ‘el fierro’. Hoy estamos peor que cuando caímos en manos de la guerrilla. Al menos en aquella aciaga época se les pagaba una ‘vacuna’ y te dejaban trabajar como por un año o seis meses. Ho estamos peor que cuando llegaron las Autodefensas o los ‘paras’, como lo quieran decir, al menos en aquel entonces había a quien reclamarle. Hoy el que se atreva a ir a la Policía o al Ejército a denunciar cualquier movimiento irregular en su finca en menos de 72 horas lo están ‘pelando’ o enterrando.
De ser ciertos unos hechos que acontecieron semanas antes del asesinato de Juan Carlos Pérez, podríamos estar ante una nueva amenaza nunca conocida por los cordobeses: el delito de la propiedad.
Si alguien tiene una finca que le gusta a un miembro de estas bandas cae en desgracia. O la abandona, o la comparte, o se la vende… o se la compran a la viuda.
Y si el forajido no la quiere comprar entonces la coge como ‘sede administrativa’ de sus actividades ilegales. Y ni se le ocurra al propietario quejarse.
Y si al propietario se le da por llamar a la Policía o al Ejército para que acantone en su finca, le pasará lo mismo que a Johnny Simancas, que “lo asesinaron por hablar con la Ley”.
Hay una versión en el sentido de que una patrulla del Ejército acampó por varios días en las tierras de Juan Carlos Pérez, situación que le preocupaba mucho, así se lo manifestó a varios amigos. Porque él sabía que “esa gente” [Las bandas emergentes] le podían “arrancar”. Aquí cabe una pregunta ¿puede el Ejército establecerse en cualquier finca de Córdoba sin el permiso del propietario? Si la respuesta es afirmativa, me parece una irresponsabilidad de parte del Ejército, ya que ellos saben lo que le pasará al finquero que lo permita. A no ser que se vayan a quedar por años allí, como por ejemplo lo hacen en toda la zona de El Ubérrimo. Y no lo digo por malo. ¿Saben ustedes por qué el campesinado cordobés llegó a odiar al Ejército colombiano? Porque llegaba por unos días y prometía quedarse, luego de sacarle todo tipo de información al pueblo se iban. A los pocos días regresaba la guerrilla y golpeaba con más virulencia a esta desprotegida población.
La reflexión es, ¿si no se van a quedar en la zona para que van allá hacer presencia? Hay ganaderos que aseguran que hay áreas en donde hay una banda en una finca, los adversarios en otra y en la mitad está el Ejército o la Policía.
Pero nadie dice nada. Ni los gremios ni la iglesia ni los medios de comunicación ni los ganaderos ni los agricultores ni los alcaldes ni la gobernación… por supuesto que menos la prensa nacional y los perfumados cachacos del poder central.
Aquí pasa algo bien vergonzoso, por no decir repugnante. La Gobernación de Córdoba delegó, desde hace muchos años, todo el manejo de orden público en la Secretaría del Interior. Desde el Gobierno de Jesús María López Gómez el secretario inamovible de esa dependencia ha sido Jairo López Covo. Miren estas estadísticas (No entran los años 2003 y 2004 en donde estuvo también López Covo):
Año 2005: 158 asesinatos
Año 2006: 253 asesinatos
Año 2007: 366 asesinatos
Año 2008: 512 asesinatos
Año 2009 532 asesinatos
Año 2010: van 60 asesinatos (12 más que en el mismo período de 2009)
Yo no sé sumar muy bien, pero creo que esta macabra operación da ¡Mil 881 muertos! Y este secretario sigue tan campante en ese cargo. Le guste o no tiene a sus espaldas más de ¡2.000 muertos! si le sumamos los de 2002 y 2003. Nadie está diciendo que él ha sido el determinador, copartícipe o cómplice, la situación es que él ha estado en el cargo donde se deben tomar las medidas que frenen o reduzcan la criminalidad de un Departamento, y hasta la fecha lo que ha sucedido es que se han disparado los crímenes. ¿Será que quien está mal soy yo? En cualquier otra ciudad este señor hubiera renunciado por decencia.
Después del crimen de Juan Carlos Pérez el Presidente mandó a un “Alto Oficial” a una “extraordinaria Burla de Seguridad, perdón, Consejo de Seguridad.
Señor Presidente Uribe, con todo el debido respeto, ya los cordobeses estamos cansados de consejos de seguridad, lo único que queremos es que no sigan asesinando a nuestros paisanos. Aquí la Seguridad Democrática salió de cuidados intensivos rumbo al cementerio.
Cuando un Estado permite que a sus buenos ciudadanos los asesinen impunemente se ‘oficializa’ la venganza y la retaliación. Y se empieza a formar una sociedad resentida que sólo acepta “ojo por ojo…”.
Pero lo más lamentable no fue ver a la ‘Tati’ Salas llorar junto a sus hijas el día de las honras fúnebres, es sentir el silencio, tal vez cómplice, de la gente buena de este Departamento, que se está acostumbrando a que los padres entierren a sus hijos y no al contrario.
