Por Toño Sánchez Jr.
De no ser por la salida a la luz pública del fallo del Consejo de Estado, en donde el Alto Tribunal de lo Contencioso le daba la razón al entonces rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez Parra, y al Consejo Superior, en el sentido de que sí tenían la autonomía para expedir los Acuerdos 095 y 096 de diciembre de 2005, que ordenaban la conversión laboral de trabajadores oficiales a empleados públicos, el pago de más de tres mil millones de pesos hubiese sido un secreto.
Entre los cuatro presupuestos públicos más grandes de este Departamento está el de la Universidad de Córdoba. Los otros tres son el de la CVS, la Gobernación y la Alcaldía de Montería.
Pero esta universidad, por gozar de los privilegios que le han dado la Constitución y la ley en lo referente a autonomía, pareciera muchas veces una rueda suelta. Consejeros, directivos, rectores y sindicalistas han abusado de todas estas prerrogativas en su tiempo.
Ha habido momentos en que el sindicato de esta institución ha hecho parecer a la universidad su ‘ventorrillo’. Como si esta academia fuera un activo más de su patrimonio económico (disculpen la redundancia). Recuerdo que cuando inició el programa de Informática, a mediados de los 90, casi que solo podían estudiar los familiares, novias y amantes de los sindicalistas. Mejor dicho, una facultad exclusiva para ellos. Parece que eso ha cambiado ya, pero así han sido las cosas allí.
Todos debemos recordar las manifestaciones, marchas, paros, bloqueos, huelgas, tomas y demás formas de protesta, que se hicieron por la expedición de los Acuerdos 095 y 096. Dichos actos fueron demandados ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Como era de esperarse la litis llegó al Consejo de Estado.
Comenzó en aquel entonces una medición de fuerzas en la universidad, en donde se combinaron varias formas de lucha. Como Claudio Sánchez estaba siendo investigado lo atacaron por ese flanco y se desestimó la verdadera discusión del problema. Los funcionarios comenzaron a solicitar que les reconocieran pagos de pensiones y otras obligaciones, pero que se desconocieran los Acuerdos 095 y 096. Comenzó una época de ingobernabilidad en la Universidad de Córdoba.
Al parecer, el ex rector, con el ánimo de recuperar la gobernabilidad, se fue a vacaciones y, ‘casual’ y ‘coincidencialmente’ el rector encargado reconoció una serie de millonarios pagos, desconociendo de tajo los acuerdos en mención. Lo raro es que vino una relativa calma a la universidad. En una reunión de Consejo Directivo la Gobernadora de Córdoba planteó todas las presuntas irregularidades por estos pagos. Debe existir el Acta, a no ser que uno de los aguaceros que han caído ‘se haya metido’ hasta al archivo a ‘mojar’, precisamente esos documentos. Como pasó con una reconocida Hoja de Vida.
Vino entonces el proceso de elección del nuevo rector. El elegido fue Emiro Madera Reyes, muchos creímos que era el rector indicado. Ya son varios los arrepentidos por esta elección. Este fue quien, de manera casi que clandestina, en el más estricto sigilo, empezó a pagar millonarias liquidaciones y jubilaciones sin importarle los Acuerdos 095 y 096.
Y no estamos suponiendo nada. Miren El Meridiano de Córdoba del martes 28 de septiembre. Allí el rector sentenció: que con fallo o sin fallo hubiese pagado. Esto es lo que en las calles de Repelón, Atlántico, conocen como “un mán sin agüero”. No sé qué pensar de un rector que no le importan los fallos de jueces y magistrados de Altas Cortes. Y lo que es peor, 24 horas antes había declarado en El Universal que era necesario “luchar [en la universidad] contra algunas viejas prácticas como la violación de la ley”. Qué cinismo que un rector diga esto cuando él desestimó un fallo del Consejo de Estado. Si él iba a pagar con o sin fallo ¿por qué no esperó?, al menos, para aparentar un poco de ética. No todo lo legal es justo o ético.
Todo parece indicar que el rector quería aplacar al monstruo en que se ha convertido ese sindicato y por ello pagó, muy a pesar de las advertencias de los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y del Ministerio de Educación Nacional.
Los consejeros están en la obligación de denunciar el presunto detrimento patrimonial por los pagos efectuados, más aun cuando había la advertencia de esperar el fallo.
Y a todas estas ¿por qué el silencio cómplice de los consejeros de la universidad? Será que algunos están de acuerdo con la ‘vuelta’, por decirlo en términos de ese mundo. Ya en Córdoba no hay ‘paracos’, como para echarles la culpa de la corrupción en la universidad, esto último lo dijo el rector a un medio escrito hace unos días. Ni tampoco hay grupo político que la maneje.
Y ya que hablamos de ‘paracos’ cuándo se aclarará lo de las reuniones con Mancuso, cuando unos miembros del sindicato llevaron a sus candidatos a rector a la universidad a ‘presentarlos en sociedad’. Pero eso no es connivencia, ya que ellos “fueron invadidos de pánico”. Esto se llama doble moral.
Y esto no solo es lo que está pasando en la institución. Hay una feria de contratos e igual número de ‘retenes’ en donde hay que pagar. Un contratista me aseguró: “Esta gente de la universidad me va hacer ir preso, porque uno no puede cumplir un objeto de contrato dando tanta plata”.
Pregunto al rector de la universidad: ¿Es ético que el interventor de todos los contratos de esta institución sea un hermano del Contralor Departamental, el mismo que tiene que auditar la estampilla Pro Universidad de Córdoba? Es una mera pregunta, no una sindicación.
¿Por qué la universidad paga millonarias sumas a abogados externos para cobrar la estampilla Pro Universidad de Córdoba a los municipios, sin expedir la respectiva estampilla?
Aquí en este punto vale la pena hacerle un llamado a la Asamblea de por qué está tan callada con respecto a este tema de la estampilla, ellos fueron los que aprobaron una irregular Ordenanza.
Ahora la moda es la intimidación. Una abogada llega en nombre de la universidad a todas las alcaldías de Córdoba a intimidar a tesoreros y alcaldes para cobrar una deuda que no está del todo clara, en lo que tiene que ver con la forma. Y paralelamente un ente de control fiscal, por medio de circulares, conmina a todas las alcaldías a que paguen urgente la estampilla. Este tema merece otra columna.
Para terminar, quiero dar un testimonio. Por esas cosas de la vida estuve a punto de vincularme a la Universidad de Córdoba para unas cuestiones periodísticas. Por los vaivenes de la burocracia el tiempo pasó y no se concretó nada. Hoy, con qué cara hubiese salido a escribir sobre este tema. Verdaderamente que los caminos de Dios son bastante misteriosos.
Para que conste. Por qué la alcaldía no habilita la calle 40, entre la Av. Primera y la orilla del río, hasta empalmar con la calle 44, para que los monterianos tengan otra alternativa vial. No importa que los de ASOBUCOR se molesten por alterarles, por unas semanas, la tranquilidad vespertina y la vista al río.
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