Por Toño Sánchez Jr.
Hay municipios de Córdoba bendecidos por sus riquezas naturales. Han recibido desde hace muchísimos años cientos de miles de millones en regalías, como es el caso de Montelíbano. Que más bien parece un gigantesco usillo: todo lo que allí caiga se va. Nadie responde y unos cuantos se han enriquecido a costa de los dineros públicos que llegan a esta región.
Hoy las regalías de este municipio están congeladas, por lo cual no se ha podido cumplir con el Plan de Desarrollo que se propuso esta administración. Pero es una excusa, ya que allí pasa de todo y nadie dice nada.
Voy a relacionar una serie de irregularidades que tienen a este municipio sumido en la corrupción.
Para la vigencia fiscal de 2009 Montelíbano recibió las sumas de $309.407.673oo para ser invertidos en programas de Alimentación Escolar. Y $1.259.454.626oo para invertir en el Programa de Atención Primera Infancia (Paipi).
Para ejecutar este último, Paipi, suscribió tres contratos: El primero lo suscribió con el contratista Gimnasio Mi Alegre Infancia y/o Zunilda Rosa Ávila Fuente, por valor de $768.267.322oo, con el objeto de desarrollar el Programa de Atención a la Primera Infancia, cuya duración fue de 15 meses. Los problemas con este contrato inician desde la etapa precontractual. La Alcaldía consideró que era un contrato de apoyo a la gestión o de prestación de servicios profesionales, pero con la perversa intención de evadir la modalidad de selección de licitación pública y poder adjudicarlo de manera directa. El estudio de conveniencia no reúne los requisitos de ley y ni tiene un análisis técnico del objeto. Además, que el contratista ni siquiera acreditó afiliación a seguridad social y parafiscales del personal a su cargo que presta el servicio.
El contrato se inicia el 31 de agosto de 2009 y siete días después se realiza el pago del anticipo $384’113.661oo, pero se le hace a un tercero, César Darío Hoyos Arroyo, que autoriza la contratista, por medio de un poder autenticado en la Notaría Primera de Montería. Para el segundo pago parcial la contratista dirige una carta al Banco Bogotá en donde le quita la autorización a Hoyos Arroyo para firmar conjuntamente cheques. Para el pago del 20% del acta parcial, 18 de diciembre de 2009, se demuestra que el acta no está firmada por la contratista, pero el pago se hace mediante transferencia electrónica en la cual no se sabe quién fue el beneficiario del pago. El 22 de diciembre de 2009 se expide la orden de pago No 001090 por $153’653.464oo en la que no aparece beneficiario alguno ni firma en el recibo de pago. En pocas palabras no se sabe cuál fue el destino del billete. Pero el 22 de julio de 2010 hay otro pago pero se cogió del rubro presupuestal denominado construcción de infraestructura, que no tiene nada que ver con el objeto inicial del contrato.
Pero lo que viene es lo mejor. El interventor del contrato es el secretario de Educación, Yorlis Agudelo Caro, quien en un informe técnico de la ejecución escribió: “para la prestación del servicio el contratista, subcontrató la prestación del mismo con una EAT especializada en el tema. En este sentido se estableció por parte de esta interventoría la idoneidad y profesionalismo del personal seleccionado por el contratista para la ejecución del proyecto”.
Respetados lectores, este secretario es un bárbaro. Reconoce que la empresa que escogieron para el contrato no era la indicada ni reunía las cualidades ni cumplía con la idoneidad y profesionalismo para cumplir con el objeto contratado. ¿Entonces por qué le dieron el contrato? ¿Fue un contrato para robarse una plata y después salir a buscar quién lo hacía después?
El segundo contrato tiene como objeto la construcción de un hogar múltiple en el barrio El Porvenir, por un valor de 500 millones de pesos. El contratista fue la Junta de Acción Comunal. No se sabe que modalidad se escogió para contratar. Justifican la construcción basándose en una reunión en Nueva York, que tuvo lugar en la ONU en 1990.
El contrato en mención tuvo una duración de 8 meses y se inició el 12 de marzo de 2009. Hasta la fecha no ha podido entrar en funcionamiento óptimo porque está lleno de imperfecciones y la humedad y filtraciones lo están destruyendo. La construcción no tiene ningún respeto por la estética y quienes participaron en la obra no eran personas calificadas. El interventor, que lo recibió con todas las imperfecciones, fue el secretario de Infraestructura, Jorge Martínez R. Quien tuvo que recibir su ‘picotazo’ por firmar semejante acta final.
Pasemos al tercer contrato. No contentos con el mamarracho de obra en el hogar múltiple decidieron meterle $421’187.304oo más. Duración: 5 meses, el contratista escogido fue Asoseac.
La obra fue inconclusa y así se recibió. La energía la toman de manera ilegal y fraudulenta de otro sector. El interventor fue el mismo personaje, Jorge Martínez R. Y los pagos parciales lo hizo el alcalde encargado José David Náder Ramírez.
Este es un simple ejemplo de cómo a nadie en Montelíbano le importa cómo se están asaltando ese municipio. Y en el resto del departamento la situación es igual o peor. La corrupción es nuestro verdadero enemigo.
Para que conste. Sería bueno que el director de la Cámara de Comercio, Félix Manzur Jattin, le dijera a los cordobeses cuáles son los periodistas que lo están extorsionando. O al menos, que especifique quiénes no lo hacen, para que se sepa quiénes son los verdaderos delincuentes de este bello oficio.
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