NOTA DE LA REDACCIÓN:

MIENTRAS RETOMAMOS NUESTROS TEMAS EN ESTE BLOG, QUIERO, MUY RESPETUOSAMENTE, COMPARTIR CON LAS PERSONAS QUE TIENEN LA DEFERENCIA DE LEER ESTE BLOG, ALGUNOS TEMAS QUE SON DE OBLIGATORIA LECTURA.

REDACCIÓN


Por Alejandro Gaviria

Decano de Economía, U. de los Andes.

(Revista Cambio No. 844. Semana de Sept. 3 a 9 de 2009)

Las cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, reveladas la semana anterior, han generado una importante discusión, un debate necesario sobre las condiciones sociales y la eficacia de las políticas gubernamentales. La mayoría de los comentaristas de prensa han optado por el lamento consternado, por la indignación estridente. Incluso han caído en omisiones lamentables. Cuando dicen, por ejemplo, que los niveles de pobreza de Colombia son similares a los observados en los países más pobres de América Latina, omiten que la línea de pobreza en Colombia es muy alta, una de las mayores de la región y que por lo tanto la comparación no viene al caso.

Pero más allá de las cifras o de las comparaciones, hay dos hechos incontrovertibles: la pobreza sigue siendo muy alta y la indigencia ha crecido. Más allá de si los pobres son 10 o 20 millones, hay una realidad innegable: los desafíos de política pública son inmensos. Por lo tanto, conviene pasar de los datos a las discusiones sustantivas, al estudio de la conveniencia y eficacia de la política social en general y de los programas de subsidios en particular.

La expansión del programa Familias en Acción, aunada al crecimiento del régimen subsidiado en salud y de otros programas de subsidios directos, ha sido uno de los ejes de la política social del Gobierno. Cuando el Presidente habla de cohesión social o presenta sus iniciativas sociales, menciona repetidamente este programa de transferencias condicionadas en efectivo a los más pobres. Pero como sugieren las cifras mencionadas, Familias en Acción fue insuficiente para contener el aumento de la indigencia: los subsidios no alcanzaron, entre otras cosas, para contrarrestar el aumento en el precio de los alimentos. El Gobierno ha dicho, con razón tal vez, que este programa no fue diseñado para aliviar la pobreza o la indigencia en el corto plazo, sino para mejorar la educación y la nutrición y por lo tanto para romper las trampas de pobreza en el mediano o largo plazo.

Las evaluaciones disponibles arrojan muchas dudas sobre los efectos de largo plazo del programa Familias en Acción. Hay algunos efectos sobre la asistencia escolar para niños mayores de 12 años y sobre la nutrición para niños menores de cuatro años. Pero estos efectos están circunscritos casi completamente a las áreas rurales dispersas. En las cabeceras municipales, los efectos son menores. Nulos en muchos casos. Aunque todavía no existen evaluaciones concienzudas para las grandes ciudades, la experiencia internacional sugiere que los efectos en las áreas urbanas (donde se ha concentrado la expansión del programa) son muy inferiores a los efectos en las áreas rurales. En suma, Familias en Acción parece no ser la respuesta a las trampas de pobreza.

Peor aún, la superposición de programas asistencialistas podría crear dependencia pues disminuye los incentivos al trabajo y a la formalización laboral. "Los 'sisbenizados' gozan de atención gratis en salud, no pagan colegio, reciben alimentación y muy pocos están al día con los servicios públicos. Cuando la gente se entera de que puede pertenecer a este régimen, se enfrasca en demostrar su pobreza... Si esta tendencia no se contrarresta, la cifra de 'pobres conformes' podría triplicarse dentro de cinco años", dijo hace un tiempo Juan Correa, ex secretario de Planeación de Cartagena, en un momento de franqueza y desesperación. "Las buenas intenciones podrían estar atrapando la gente en la pobreza", afirmó recientemente Santiago Levy, vicepresidente del BID, en un arrebato de sinceridad.

El programa podría, incluso, incrementar las tasas de fecundidad. Como lo ha demostrado la experiencia internacional, si se paga por niño, los niños aumentan. Nacen, digamos, con el subsidio bajo el brazo. Las mayores tasas de fecundidad y de embarazo adolescente agravarían, a su vez, las condiciones sociales, generarían trampas de pobreza. En fin, una cosa es sumar afiliados y otra muy distinta, producir resultados. Tristemente algunos programas sociales pueden (de manera inadvertida, bienintencionada) incrementar la pobreza que pretenden reducir.

Empleo, la clave

Los subsidios no van a resolver el problema de la pobreza. La clave está en el empleo y, sobre todo, en la generación de oportunidades laborales para los colombianos sin educación superior, sin habilidades laborales. En la última década, el número absoluto de asalariados sin educación superior ha disminuido. La informalidad se ha convertido en el refugio para millones de trabajadores. Los subsidios son un elemento adicional de la estrategia de rebusque. En el mejor de los casos, los subsidios son un paliativo; en el peor, una forma de habituarse a la penuria.

La solución al problema de la pobreza pasa por la solución al problema del desempleo. El Gobierno ha reiterado que la promoción de la inversión es el instrumento más eficaz para la creación de nuevos empleos. Pero los hechos demuestran lo contrario. Las grandes empresas han invertido profusamente sin generar empleo.

Para terminar, cabe plantear un contraste entre dos modelos distintos de intervención estatal. En el primero, el gasto se orienta mayoritariamente a reparar las consecuencias negativas de la falta de empleo, a la repartición de subsidios en efectivo o en especie. En el segundo, el gasto se dirige hacia proyectos que estimulan la creación de empleo y aumentan la productividad laboral. En Colombia, el primer modelo no ha funcionado. Paradójicamente, el crecimiento del gasto social ha coincidido con un deterioro de las condiciones sociales.